viernes, 15 de junio de 2007

APERTURA DEL BLOG TEMATICO DEL GRUPO DE TRABAJO DE ETICA PUBLICA: PALABRAS DE BIENVENIDA.

Al cumplirse los cuatro meses de vida de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, constituida el 14 de febrero de 2007, podemos afirmar, con cierta satisfacción, que el camino recorrido en este tiempo no ha sido poco, si bien queda mucho por andar, muchísimo por hacer. El velar por la defensa de los valores y principios del ejercicio de la función pública es y será un quehacer permanente e incluso, sin ningún tipo de hipérbole, podríamos asegurar que se trata de una tarea infinita, inacabable, porque es un horizonte constante hacia el cual avanzar y en el cual no podremos instalarnos nunca como realidad cumplida y acabada.

La ética es esta tensión hacia lo mejor -una actitud, una disposición-, y nunca un dogmatismo del que se cree en posesión de la verdad o de la virtud.

La necesidad de una ética pública en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón es apremiante, dada la degradación imparable en la que se encuentra nuestro actual entorno profesional, donde las opiniones se silencian, las leyes se desconocen y se intenta tejer, desde el poder político, una red creciente de complicidades y conveniencias, de comodidades y desistimientos, de autoengaños y de complacencias.

Desde este blog, herramienta de trabajo de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa y foro de discusión libre, queremos promover una reflexión colectiva sobre los compromisos ineludibles de cada funcionario público con la realización diaria del Estado de Derecho y con la prevención de todo fenómeno posible de corrupción política o administrativa.

Pero esta Asociación no se contenta, a diferencia de otras organizaciones, con ser un mero foro de debate teórico, sino que aspira a incidir en la realidad, con un rearme moral de los funcionarios y demás empleados públicos de la Administración autonómica, con una reivindicación práctica y cotidiana de los compromisos personales y colectivos con la legalidad y el interés general que requiere la condición de funcionario público y con una actitud de intransigencia frente a las diferentes manifestaciones de la corrupción pública o institucional.

Los funcionarios públicos, con nuestra profesionalidad y compromiso ético, debemos constituir el sistema inmunológico esencial de las instituciones públicas frente a toda tentación de abuso de poder o de patrimonialización ilegítima de lo público, sea quien sea quien la pretenda.

Este Grupo de Trabajo, gracias a la labor de todos sus integrantes y de los que deseen colaborar con el mismo, aspira a introducir en la Administración autonómica la variable de la exigencia ética –evitando que ésta quede reducida a un simple elemento más en la retórica de nuestros responsables políticos- y aspira a posibilitar que dicha exigencia vaya transformando paulatinamente la realidad que vivimos en la actualidad, en la que no es posible reconocer la Administración profesional, madura y presidida por principios democráticos y valores constitucionales a la que muchos aspiramos servir.

Bienvenidos, por lo tanto, a ese blog asociativo, desde el cual los funcionarios de Aragón nos abrimos a todos los que, en el mundo, muchos en situaciones más difíciles y precarias que nosotros, trabajan por la dignidad del servicio público y asumen riesgos personales frente a las tramas de la corrupción nacional e internacional.

En este momento en que iniciamos la andadura del Grupo de Trabajo de Etica Pública, desearía recuperar la idea original que animó la constitución de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa: el “giro ético”. Por ello, como primer texto para acompañar esta reflexión personal, me parecía oportuno reproducir el artículo publicado en la prensa aragonesa para exponer la necesidad de promover una Asociación como la que entre todos hemos hecho realidad en estos cuatro meses.

Félix Gracia
Coordinador del Grupo de Trabajo de Etica Pública.



GIRO ETICO EN LA ADMINISTRACION.

(Artículo publicado en Tribuna ajena de "Heraldo de Aragón el 23 de febrero de 2007)

Un colectivo de funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, reunidos en la sede del Colegio de Abogados de Zaragoza, hemos constituido la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. Su objetivo principal es "la defensa y promoción de los valores, principios y normas que rigen el ejercicio de la función pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el fin de contribuir al correcto funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico que definen la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Aragón".

La Asociación pretende que la Administración cumpla la misión que constitucionalmente le corresponde: la defensa y satisfacción del interés general, el aseguramiento del Estado de Derecho y la plena realización de los derechos y libertades de los ciudadanos, contribuyendo a hacer cada día más eficientes nuestros servicios públicos y, con ello, más sólido nuestro sistema democrático y más fuerte la cohesión social sobre la que se sustenta.

¿Por qué una Asociación de este tipo y por qué en este momento? Tras casi 30 años de Constitución democrática en España y cerca de 25 años de Estatuto de Autonomía en Aragón, el peso adquirido por la Administración de la Comunidad Autónoma como prestadora de servicios esenciales para el bienestar de la población aragonesa es innegable. Cerca de cuarenta mil servidores públicos trabajan en sus diferentes Departamentos y Organismos, en las actividades más diversas. Sin embargo, y pese a la importancia que su buen funcionamiento tiene para la calidad de vida de todos los aragoneses, creemos que su situación y su futuro no constituyen ni una prioridad política ni una cuestión de preocupación ciudadana acorde con la incidencia que le corresponde en la vida colectiva y particular de los aragoneses.

Pensamos que en la Administración autonómica no se han interiorizado suficientemente los principios constitucionales que han de presidir todo ejercicio de la acción pública, en especial el de legalidad o sometimiento pleno a la ley y al derecho. Con más frecuencia de la debida, las instituciones públicas se apartan de los fines y de las reglas a las que deberían ajustar su actividad. Prevenir y atajar este tipo de situaciones constituye una especial responsabilidad de los funcionarios públicos.

Consideramos que ese “déficit constitucional” que presenta en la actualidad la Administración Pública aragonesa ha de afrontarse con diversas medidas. Una de ellas, la que incumbe al conjunto de los servidores públicos, es la de contribuir “desde dentro” a que la Administración sea la organización profesionalizada, madura, eficiente y respetuosa de las garantías jurídicas que nuestro ordenamiento constitucional exige. Los servidores públicos debemos promover e impulsar, con nuestro trabajo y actitud, todas aquellas medidas de mejora que permitan configurar una Administración valorada y respetada por el conjunto de los ciudadanos, receptiva a sus demanda, cuidadosa y exquisita con sus derechos.

La Administración es una organización de la que se dota una sociedad para atender, de forma objetiva, eficaz y eficiente, bajo la dirección política del Gobierno, los intereses generales. Debería ser un elemento primario y básico de una ética pública compartida por responsables políticos y servidores públicos que la Administración se ajuste al modelo que las normas establecen y que los ciudadanos demandan. Ese cambio de actitud que propugna la Asociación, con una permanente defensa de la legalidad y del respeto a los derechos de los ciudadanos, es lo que denominamos "giro ético". Se trata simplemente de que ser y deber ser se vayan aproximando cada día más, en lugar de distanciarse. Pretendemos, en suma, que la Administración sea una organización que se considere y se reconozca al servicio de los ciudadanos y de la democracia.

Julio Guiral Pelegrín, Manuel Diaz Muiña y Félix Gracia Romero, funcionarios y promotores de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.