LOS DERECHOS HUMANOS, REFERENCIA Y HORIZONTE PERMANENTES.

Hoy 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, concluyen las importantes efemérides de la semana, en la que se agrupan los aniversarios de la Constitución Española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, verdaderos manifiestos éticos que acompañaron respectivamente la recuperación de la libertad y de la democracia en España y el restablecimiento de la paz y de los valores de la humanidad en el mundo, tras el final de la II Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. A ellos se añade el Día Internacional contra la Corrupción, establecido hace unos años por Naciones Unidas y celebrado ayer.

Para esta Asociación, las tres fechas guardan entre sí una estrecha relación y celebran un mismo compromiso: los valores del civismo, de la democracia, de la libertad, de la dignidad humana, en los que se condensan los mayores logros de nuestra civilización.

La amenaza que la corrupción supone para la vigencia de los derechos humanos quedó maravillosamente plasmada en el inicio de la ya mítica Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, del siguiente modo: "Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre".

Esta Asociación, en sus Estatutos, reivindica como criterio inspirador de toda su actividad el compromiso con los principios constitucionales y su finalidad básica es la defensa de los valores de la función pública, para contribuir al mejor funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico.

Derechos humanos, derechos fundamentales y ética pública son, a nuestro juicio, una misma cosa, pues la ética por la que se rige la vida social no puede ser otra que la fundada en el respeto de los derechos fundamentales, siendo éstos los derechos humanos reconocidos por la Constitución e incorporados, por ello, como elemento central y superior del ordenamiento jurídico del Estado. Sólo si los poderes públicos hacen de la realización de los derechos fundamentales de los ciudadanos su tarea prioritaria será posible la existencia de una sociedad decente, en la que todos puedan considerarse ciudadanos libres y respetados.

La Administración y los servidores públicos que le dan vida cada día han de contribuir al aseguramiento del Estado de Derecho, entendiendo por éste la forma institucional que adopta la organización política de una sociedad para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos y asegurar la libertad y la seguridad de todos. Esa labor de los servidores públicos sólo puede estar presidida por los principios de una ética coherente con el ordenamiento constitucional, capaz de garantizar la confianza de todos los ciudadanos en sus instituciones y el respeto general a las leyes, en cuanto expresión de la voluntad general y fórmula de autogobierno.

Por eso, los derechos humanos y los derechos fundamentales han de ser referencia y horizonte permanentes, pues su ignorancia, olvido o menosprecio -como ya se nos advirtió en 1789- es la única causa de la corrupción de los gobiernos. Quien lucha por los derechos humanos está combatiendo el riesgo de la corrupción pública, y quien se enfrenta a la corrupción contribuye al afianzamiento de los derechos.

Como ha dicho en ocasiones esta Asociación, combatir la corrupción pública es defender la función pública y defender la función pública es asegurar el ordenamiento constitucional, la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Nos sentimos por ello solidarios con todos los que hacen de la lucha por los derechos humanos su causa y a ellos dirigimos hoy nuestro pensamiento.

UNA JORNADA EN FAVOR DE LA ÉTICA PÚBLICA: CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Mañana miércoles día 9 de diciembre, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa realizará un acto público con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, declarado así por las Naciones Unidas tras la aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, ratificada por España en el año 2006.

En dicho acto, que tendrá lugar en Zaragoza, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (C/ Gran Vía, 2), a partir de las 19:30 horas, intervendrán Julio Guiral y Félix Gracia, en representación de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para presentar la campaña pública que la Asociación va a iniciar para reclamar una estrategia ética por parte del conjunto de las instituciones públicas, en el marco de las previsiones establecidas por la Convención de Naciones Unidas.

El acto servirá para recordar el papel decisivo que corresponde a los servidores públicos y al conjunto de los ciudadanos en la prevención y lucha contra los fenómenos de corrupción, y los efectos que la corrupción produce en la vida democrática y en la credibilidad de las instituciones públicas, así como la necesidad de que las instituciones públicas se doten de una infraestructura ética para fortalecer la integridad en su funcionamiento y doten a los servidores públicos de instrumentos eficaces para la lucha contra la corrupción en el ejercicio de sus funciones públicas.

Las Naciones Unidas, a través de la Convención contra la Corrupción adoptada en 2003 por su Asamblea General y ratificada por España en 2006, promueven una acción global frente al fenómeno de la corrupción, si bien es responsabilidad de cada Estado impulsar, en su ordenamiento interno, el conjunto de medidas para prevenir y combatir dicha corrupción, ya sea política o económica. Reclamar el desarrollo de tales medidas constituye el objeto central de la campaña que desea promover esta Asociación, campaña a la que pretende incorporar a otras asociaciones de funcionarios públicos y a todo tipo de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos individuales.

Los funcionarios públicos, dado su inequívoco compromiso con el Estado de Derecho y su obligación de servir de forma objetiva al interés general de los ciudadanos, han de asumir un papel activo en la prevención y lucha contra la corrupción, como expresamente se señala en la Convención de Naciones Unidas, para lo cual se hace necesario desarrollar mecanismos que permitan un adecuado ejercicio de tal actuación, reforzándose igualmente los criterios de transparencia y de control ciudadano sobre el correcto ejercicio de las potestades administrativas en los diferentes niveles de gobierno de que se ha dotado constitucionalmente nuestro país, asegurando una similar estrategia en materia de ética pública en cada nivel de gobierno.

La defensa de la legalidad supone un irrenunciable valor para todos aquellos que ejercen su actividad en el ámbito de las instituciones públicas y es la garantía básica de afianzamiento del Estado de Derecho y de la preservación de los valores constitucionales y democráticos, así como un requisito indispensable para mantener e incrementar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la administración pública.

Por todo ello, la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa desea subrayar la importancia que debe concederse a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, así como su interés en el desarrollo, en el ámbito de las administraciones públicas españolas, del conjunto de medidas y previsiones que dicha Convención contiene para fortalecer la transparencia y la integridad en la actividad del sector público.