ETICA PUBLICA, MORAL PRIVADA Y ETICA ADMINISTRATIVA. UNA APROXIMACION CONCEPTUAL.

Tarea inicial e imprescindible a la hora de aproximarse a las cuestiones de la ética administrativa es la de precisar el alcance del concepto de ética pública, aclarar las relaciones que tal noción guarda con la de moral privada y, finalmente, establecer las posibles conexiones entre la idea de ética pública, predicable del conjunto de ciudadanos o miembros de una determinada sociedad, y la de ética administrativa, en cuanto ética profesional reservada para el conjunto de personas que trabajan al servicio de la Administración Pública.

La ética pública, de acuerdo con la definición avanzada por Manuel Villoria, trata de definir lo que está bien y mal para la colectividad, estableciendo de ese modo un patrón moral básico, exigible y válido para todos los miembros de la sociedad. Conectando con la idea expresada por el profesor Aranguren de moral como carácter (êthos), como personalidad asumida a través de los actos realizados y los hábitos adquiridos, la ética pública supondría, a su vez, un hacerse colectivo, labor compartida por todos los que pertenecen a una concreta sociedad. Con dicho quehacer, la sociedad y los individuos van generando pautas de conducta y un carácter que posibilita un mejor desarrollo de la convivencia y una mayor expansión de la autonomía y de la libertad del ser humano.

La ética pública, en el contexto plural y complejo de las sociedades modernas, sólo puede concebirse como una ética de mínimos, comprensiva de normas o pautas vinculantes para todos y, por ello, susceptibles de imponerse por vía coactiva, con independencia de las diferentes nociones de vida buena que cada cual sostenga. Dado el carácter vinculante y exigible de la misma, ésta ha de fundamentarse en el más amplio consenso de la sociedad, razón por la cual el contenido esencial de toda ética pública se verá expresado o condensado en la norma constitucional por la que se rige la vida de toda comunidad política.

La ética pública, por lo tanto, compendia el conjunto de valores del régimen democrático y su contenido mínimo puede identificarse con los principios o valores superiores proclamados por el ordenamiento constitucional, como son los expresados por la Constitución española en sus artículos 1.1 (libertad, justicia, igualdad y pluralismo político), y 10.1 (“la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”), así como en el capítulo de derechos fundamentales y libertades públicas enunciados en su Título I, particularmente aquéllos cuyo contenido esencial resulta indisponible por parte del legislador. La configuración de la ética pública en cuanto carácter del sistema político o de la sociedad política que se ha dotado del mismo, según lo indicado, se concretaría en un êthos democrático.

Esa ética pública, compartida necesariamente por todos los miembros de la sociedad, en la medida en que es vinculante y exigible, debe diferenciarse de la moral privada propia de cada persona o ciudadano. La moral privada hace referencia a la concepción de vida buena que cada cual alberga, a la idea de lo que constituye para cada uno la felicidad, en cuanto aspiración última de todas las personas. La moral privada, al contrario que la ética pública, consiste en una ética de máximos, conforme a la cual cada persona se asegura el derecho a perseguir sus propios ideales de perfección y felicidad, siempre que con ello no lesione los derechos de los demás. Los valores de la moral privada que cada cual pueda propugnar pueden ser aconsejados, pero nunca impuestos, pues ello lesionaría el derecho a la libertad personal, a la autodeterminación moral de cada individuo.

La diferenciación entre ética pública y moral privada no permite, sin embargo, presentarlas como dos realidades incomunicadas, ya que la ética pública ha de posibilitar el desarrollo de la moral privada de cada ciudadano y, en la medida en que su formulación es resultado del más amplio consenso social, los valores de la ética pública serán en gran medida los valores compartidos por las diferentes morales privadas, asumidos y reivindicados por ello por el conjunto de los ciudadanos.

Por último, en esta aproximación conceptual hay que referirse a la ética administrativa como realidad diferente a la ética pública, al ser ésta predicable de todos los ciudadanos y del conjunto de las relaciones sociales y políticas, quedando circunscrita, por el contrario, la ética administrativa al ámbito del quehacer profesional de los servidores públicos. La ética administrativa puede concebirse, por ello, como una ética profesional, propia de quienes han hecho de la función pública o del servicio público su actividad profesional. Una ética profesional, como ha destacado la profesora Victoria Camps, requiere siempre poner en valor y dar centralidad al bien social que justifica y da sentido a la propia profesión. Si dicha finalidad social deja de ser la razón de ser del ejercicio profesional, la actividad perderá su sentido y su legitimidad social. Una ética profesional ha de permitir identificar aquellas virtudes profesionales o cualidades adquiridas necesarias para realizar los bienes internos de la práctica profesional.

El conjunto de virtudes o hábitos que conforman la ética administrativa en cuanto ética profesional de los servidores públicos cabría englobarlas bajo el rótulo de êthos burocrático. Ahora bien, la actividad de los servidores públicos, en la medida en que su labor está necesariamente dirigida a la realización y fortalecimiento del sistema democrático y del Estado de Derecho, no puede sino quedar igualmente sometida o imbuida del êthos democrático propio de todos y cada uno de los ciudadanos, asumido en mayor medida incluso en función de la responsabilidad que les corresponde en la garantía de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos.

Etica pública y ética administrativa, pese a ser realidades no coincidentes, son ámbitos claramente comunicados e interrelacionados, de modo que uno y otro se reforzarán o delibitarán recíprocamente. Una Administración con una elevada ética profesional por parte de sus funcionarios públicos será un factor positivo para el robustecimiento de la ética pública y para el desarrollo de la confianza de los ciudadanos tanto en sus relaciones con las instituciones públicas como en el conjunto de las relaciones sociales.

APERTURA DEL BLOG TEMATICO DEL GRUPO DE TRABAJO DE ETICA PUBLICA: PALABRAS DE BIENVENIDA.

Al cumplirse los cuatro meses de vida de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, constituida el 14 de febrero de 2007, podemos afirmar, con cierta satisfacción, que el camino recorrido en este tiempo no ha sido poco, si bien queda mucho por andar, muchísimo por hacer. El velar por la defensa de los valores y principios del ejercicio de la función pública es y será un quehacer permanente e incluso, sin ningún tipo de hipérbole, podríamos asegurar que se trata de una tarea infinita, inacabable, porque es un horizonte constante hacia el cual avanzar y en el cual no podremos instalarnos nunca como realidad cumplida y acabada.

La ética es esta tensión hacia lo mejor -una actitud, una disposición-, y nunca un dogmatismo del que se cree en posesión de la verdad o de la virtud.

La necesidad de una ética pública en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón es apremiante, dada la degradación imparable en la que se encuentra nuestro actual entorno profesional, donde las opiniones se silencian, las leyes se desconocen y se intenta tejer, desde el poder político, una red creciente de complicidades y conveniencias, de comodidades y desistimientos, de autoengaños y de complacencias.

Desde este blog, herramienta de trabajo de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa y foro de discusión libre, queremos promover una reflexión colectiva sobre los compromisos ineludibles de cada funcionario público con la realización diaria del Estado de Derecho y con la prevención de todo fenómeno posible de corrupción política o administrativa.

Pero esta Asociación no se contenta, a diferencia de otras organizaciones, con ser un mero foro de debate teórico, sino que aspira a incidir en la realidad, con un rearme moral de los funcionarios y demás empleados públicos de la Administración autonómica, con una reivindicación práctica y cotidiana de los compromisos personales y colectivos con la legalidad y el interés general que requiere la condición de funcionario público y con una actitud de intransigencia frente a las diferentes manifestaciones de la corrupción pública o institucional.

Los funcionarios públicos, con nuestra profesionalidad y compromiso ético, debemos constituir el sistema inmunológico esencial de las instituciones públicas frente a toda tentación de abuso de poder o de patrimonialización ilegítima de lo público, sea quien sea quien la pretenda.

Este Grupo de Trabajo, gracias a la labor de todos sus integrantes y de los que deseen colaborar con el mismo, aspira a introducir en la Administración autonómica la variable de la exigencia ética –evitando que ésta quede reducida a un simple elemento más en la retórica de nuestros responsables políticos- y aspira a posibilitar que dicha exigencia vaya transformando paulatinamente la realidad que vivimos en la actualidad, en la que no es posible reconocer la Administración profesional, madura y presidida por principios democráticos y valores constitucionales a la que muchos aspiramos servir.

Bienvenidos, por lo tanto, a ese blog asociativo, desde el cual los funcionarios de Aragón nos abrimos a todos los que, en el mundo, muchos en situaciones más difíciles y precarias que nosotros, trabajan por la dignidad del servicio público y asumen riesgos personales frente a las tramas de la corrupción nacional e internacional.

En este momento en que iniciamos la andadura del Grupo de Trabajo de Etica Pública, desearía recuperar la idea original que animó la constitución de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa: el “giro ético”. Por ello, como primer texto para acompañar esta reflexión personal, me parecía oportuno reproducir el artículo publicado en la prensa aragonesa para exponer la necesidad de promover una Asociación como la que entre todos hemos hecho realidad en estos cuatro meses.

Félix Gracia
Coordinador del Grupo de Trabajo de Etica Pública.



GIRO ETICO EN LA ADMINISTRACION.

(Artículo publicado en Tribuna ajena de "Heraldo de Aragón el 23 de febrero de 2007)

Un colectivo de funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, reunidos en la sede del Colegio de Abogados de Zaragoza, hemos constituido la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa. Su objetivo principal es "la defensa y promoción de los valores, principios y normas que rigen el ejercicio de la función pública en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con el fin de contribuir al correcto funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico que definen la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Aragón".

La Asociación pretende que la Administración cumpla la misión que constitucionalmente le corresponde: la defensa y satisfacción del interés general, el aseguramiento del Estado de Derecho y la plena realización de los derechos y libertades de los ciudadanos, contribuyendo a hacer cada día más eficientes nuestros servicios públicos y, con ello, más sólido nuestro sistema democrático y más fuerte la cohesión social sobre la que se sustenta.

¿Por qué una Asociación de este tipo y por qué en este momento? Tras casi 30 años de Constitución democrática en España y cerca de 25 años de Estatuto de Autonomía en Aragón, el peso adquirido por la Administración de la Comunidad Autónoma como prestadora de servicios esenciales para el bienestar de la población aragonesa es innegable. Cerca de cuarenta mil servidores públicos trabajan en sus diferentes Departamentos y Organismos, en las actividades más diversas. Sin embargo, y pese a la importancia que su buen funcionamiento tiene para la calidad de vida de todos los aragoneses, creemos que su situación y su futuro no constituyen ni una prioridad política ni una cuestión de preocupación ciudadana acorde con la incidencia que le corresponde en la vida colectiva y particular de los aragoneses.

Pensamos que en la Administración autonómica no se han interiorizado suficientemente los principios constitucionales que han de presidir todo ejercicio de la acción pública, en especial el de legalidad o sometimiento pleno a la ley y al derecho. Con más frecuencia de la debida, las instituciones públicas se apartan de los fines y de las reglas a las que deberían ajustar su actividad. Prevenir y atajar este tipo de situaciones constituye una especial responsabilidad de los funcionarios públicos.

Consideramos que ese “déficit constitucional” que presenta en la actualidad la Administración Pública aragonesa ha de afrontarse con diversas medidas. Una de ellas, la que incumbe al conjunto de los servidores públicos, es la de contribuir “desde dentro” a que la Administración sea la organización profesionalizada, madura, eficiente y respetuosa de las garantías jurídicas que nuestro ordenamiento constitucional exige. Los servidores públicos debemos promover e impulsar, con nuestro trabajo y actitud, todas aquellas medidas de mejora que permitan configurar una Administración valorada y respetada por el conjunto de los ciudadanos, receptiva a sus demanda, cuidadosa y exquisita con sus derechos.

La Administración es una organización de la que se dota una sociedad para atender, de forma objetiva, eficaz y eficiente, bajo la dirección política del Gobierno, los intereses generales. Debería ser un elemento primario y básico de una ética pública compartida por responsables políticos y servidores públicos que la Administración se ajuste al modelo que las normas establecen y que los ciudadanos demandan. Ese cambio de actitud que propugna la Asociación, con una permanente defensa de la legalidad y del respeto a los derechos de los ciudadanos, es lo que denominamos "giro ético". Se trata simplemente de que ser y deber ser se vayan aproximando cada día más, en lugar de distanciarse. Pretendemos, en suma, que la Administración sea una organización que se considere y se reconozca al servicio de los ciudadanos y de la democracia.

Julio Guiral Pelegrín, Manuel Diaz Muiña y Félix Gracia Romero, funcionarios y promotores de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.