EL MUNDO QUE HABITAMOS.

Vivimos generalmente ensimismados, atentos a nuestros problemas y con tendencia a despreocuparnos de la suerte de los demás. Pero las urgencias humanitarias que están sacudiendo a Europa, después de años de inhibición respecto a conflictos como la guerra civil en Siria, no admiten ya ningún tipo de desentendimiento. Es hora de compromiso humanitario –siempre lo es, pero ahora en mayor medida-, convencidos de que en la dignidad de cada ser humano está comprometida la dignidad de la humanidad entera. Esa convicción está en la base de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y fundamenta el derecho de asilo para quienes sufren persecución o grave riesgo para su vida en sus países de origen.

Como Asociación, nunca hemos dejado de reflexionar cada 10 de diciembre sobre el horizonte ético que nos sigue proponiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyos valores recoge plenamente nuestra Constitución y cuya mejor defensa descansa en una fuerte ética pública, fraguada en el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona y en el respeto a su dignidad humana, con independencia de raza, sexo, religión o cualquier otra condición personal. Cada ser humano es un fin en sí mismo, merecedor del máximo respeto para los poderes públicos y para el resto de los seres humanos.

El respeto a los otros –a su dignidad y los derechos que ésta conlleva- es una condición imprescindible para la convivencia pacífica, pero hay circunstancias en las que no basta el respeto, sino que se impone una solidaridad activa, hay que pasar del respeto al apoyo y al compromiso, al esfuerzo personal y colectivo para hacer frente a calamidades extraordinarias frente a las que no podemos permanecer como meros espectadores,  aunque el sufrimiento de los otros haya dejado de sernos indiferente.

Cada persona y cada entidad u organización de la sociedad civil, el conjunto de las instituciones que integran la Unión Europea y sus respectivos Estados, hemos de dar una respuesta a la realidad que venimos contemplando desconcertados desde hace demasiado tiempo, en las aguas del Mediterráneo y en las fronteras exteriores europeas, franqueadas por miles de seres humanos que buscan en territorio europeo libertad, seguridad y condiciones de vida dignas para ellos y para sus hijos. No podemos tolerar que el viaje a Europa tenga un peaje de muerte y de dolor como el que tantas personas vienen pagando, ni que sea un negocio lucrativo para mafias sin escrúpulos. ¿Dónde están los barcos europeos para rescatar en tierra firme a los que huyen de la guerra, evitándoles la extorsión de las mafias y el riesgo de naufragio en alta mar?

Es hora de compromiso solidario –es momento de que descubramos que junto a la libertad y la igualdad se sitúa la fraternidad, como valor moral y político de nuestras sociedades, algo que no debemos desconocer y que hoy constituye el valor que nos apremia a todos a actuar, que nos empuja a reconocernos en el sufrimiento de otros seres humanos que viven en carne propia lo que vivieron nuestro país y nuestro continente tantas veces en su pasado-, porque los valores de Europa, los proclamados en los Tratados de la Unión Europea y en las Constituciones de sus Estados, los que resumen lo mejor de su cultura y su historia, nos obligan a servir de refugio a quienes demuestran tener más confianza y esperanza en Europa que los que habitamos en ella.

Como Asociación reflexionaremos sobre la necesidad de que nuestra actividad incluya un compromiso permanente y activo en la defensa de los derechos humanos, pues la defensa de los principios de la función pública serviría de poco si no fuéramos sensibles a las prioridades humanitarias del mundo que habitamos, y en el que convivimos con millones de seres a los que reconocemos como iguales.

NI FATALISMOS NI INDIFERENCIA: LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO PRIORIDAD IRRENUNCIABLE.

Concluyen hoy con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, al cumplirse el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos -aprobada por Naciones Unidas en 1948, con el recuerdo todavía vivo de las atrocidades cometidas durante la II Guerra Mundial-, las jornadas que, cada mes de diciembre, nos llevan a evocar y reivindicar el valor y la significación de la Constitución Española, la exigencia que nos marca la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción –a la que dedicamos ayer una jornada de debate en la Facultad de Ciencias Sociales y de Trabajo en la Universidad de Zaragoza- y el paradigma ético que a nivel mundial representa la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para reclamar a los Estados la protección de los derechos básicos e inalienables de todo ser humano.

La jornada de hoy nos lleva a dirigir la mirada al resto del mundo –a los millones de refugiados, desplazados de sus casas por las guerras y la violencia de diferentes signos, a los perseguidos por razones ideológicas o religiosas, a los torturados, a los asesinados por grupos armados o sicarios consentidos o arropados por el poder político, a quienes sufren discriminación racial, a quienes no tienen acceso a la salud y a la educación, a quienes sufren esclavitud y explotación, a los que siguen pereciendo por el hambre y la enfermedad en un mundo globalizado, en el que la solidaridad no fluye a la misma velocidad que fluyen la información o los movimientos de capital-, y a afirmar que la defensa de los derechos humanos ha de ser una prioridad para todos, gobiernos y ciudadanos, sin ceder al fatalismo de lo irremediable ni a la indiferencia –la sociedad internacional no puede abandonar a las víctimas de los conflictos, y nuestros problemas domésticos no pueden justificar la insolidaridad con quienes ven su vida amenazada por el hambre, la enfermedad o la represión-, una defensa que, como nos señala el Secretario General de Naciones Unidas, en su mensaje de hoy, debemos ejercer los 365 días del año.

Esta Asociación centra su actividad en la promoción y defensa de los valores constitucionales de la función pública, como son la legalidad, la profesionalidad y la ética pública, pero no puede olvidar que dichos valores son instrumentales, y que el fin último de toda actividad pública es la garantía de los derechos de las personas, para asegurar su dignidad humana. La dignidad humana y la garantía de la libertad son, precisamente, el punto de conexión de todo ordenamiento constitucional con los derechos humanos que debieran respetarse y garantizarse a toda persona, allá donde se encuentre, en cualquier circunstancia.

Por ello, porque la defensa de la dignidad humana y el necesario respeto de los derechos humanos es una condición previa a cualquier otra reivindicación dirigida a reforzar la legalidad y la plena vigencia del Estado de Derecho, esta Asociación quiere avanzar y profundizar en su compromiso con la defensa de los derechos humanos, y en tal sentido planteará en su próxima asamblea ordinaria la posible inclusión de la promoción y defensa de los derechos humanos entre sus objetivos, al entender que los derechos humanos son la síntesis indispensable de los principios éticos compartidos por el conjunto de la humanidad. Y su defensa debe ejercerse los 365 días del año.

Se reproduce a continuación el contenido íntegro del mensaje del Secretario General de la ONU con motivo del Día de los Derechos Humanos:

“MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU CON MOTIVO DEL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

En el Día de los Derechos Humanos levantamos nuestra voz.

Denunciamos a las autoridades que niegan los derechos de cualquier persona o grupo.

Declaramos que los derechos humanos son para todo el mundo, en todo momento, independientemente de quienes seamos y de nuestro lugar de procedencia, sea cual fueren nuestra clase, nuestras opiniones o nuestra orientación sexual.

Se trata de una cuestión de justicia individual, estabilidad social y progreso mundial.

Las Naciones Unidas protegemos los derechos humanos porque esa es nuestra orgullosa misión y porque cuando las personas disfrutan de sus derechos, las economías prosperan y los países están en paz.

Las violaciones de los derechos humanos son algo más que tragedias personales. Son una alarma que puede advertir de crisis mucho mayores.

La iniciativa de las Naciones Unidas “Los derechos humanos primero” tiene por objeto prestar atención a esas alarmas. Estamos movilizándonos contra las violaciones antes de que degeneren en atrocidades masivas o crímenes de guerra.

Todos podemos contribuir a promover la lucha contra la injusticia, la intolerancia y el extremismo.

Exhorto a los Estados a que cumplan su obligación de proteger los derechos humanos todos los días del año. Exhorto a los ciudadanos a que exijan responsabilidades a sus gobiernos. Y hago un llamamiento para que se adopten medidas especiales de protección de los defensores de los derechos humanos, que con valentía sirven a nuestra causa colectiva.

Respondamos al clamor de los explotados, y defendamos el derecho a la dignidad humana para todos.

Ban Ki-moon”

UNA REGENERACIÓN PENDIENTE.

La dirección de una parte de nuestras instituciones públicas ha estado, y acaso lo siga estando en más casos de los que creemos, en manos de personas que carecen de las cualidades de integridad requeridas para el gobierno de los asuntos públicos, personas que no han sabido o han carecido de voluntad para preservar el interés general o evitar que intereses privados vinieran a condicionar decisiones y comportamientos públicos.

La corrupción –entendida como utilización de las funciones públicas, tanto políticas como administrativas, a favor de intereses privados- ha supuesto una gravísima deficiencia de nuestro país, que ha alcanzado a las más altas instituciones del Estado, como pueden ser la Familia Real o el Consejo General del Poder Judicial, y a todo tipo de instituciones, incluidas las organizaciones empresariales y sindicales, y que se ha extendido por las esfera pública y privada, con casos de enriquecimiento ilícito y de abusos en la práctica totalidad de los sectores sociales.

La corrupción preocupa a los ciudadanos –desmoraliza a la sociedad- y deslegitima a las instituciones públicas, al quebrar la imprescindible relación de confianza que, en una democracia, ha de sustentar a los diferentes poderes públicos que intervienen en la ordenación de la vida social, asumiendo la función de promover y preservar el interés general de la sociedad.

Los últimos informes hechos públicos por la organización Transparencia Internacional ponen de manifiesto el grave retroceso de nuestro país en esta materia –la corrupción ha sido una circunstancia agravante de nuestra crisis económica y un principal desencadenante de la crisis política e institucional que padecemos-, y los ciudadanos no vemos una voluntad clara de nuestros representantes políticos para regenerar nuestra vida pública. Esta viene produciéndose exclusivamente a golpe de sentencia judicial, dejando así en manos de los jueces la eliminación de los políticos o gestores corruptos.

El Día Internacional contra la Corrupción que se celebró el 9 de diciembre, por decisión de Naciones Unidas, para conmemorar la aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en 2003, nos debería servir para asumir, como ciudadanos de una democracia, un compromiso inequívoco con los valores éticos propios de nuestro sistema constitucional –el respeto del ordenamiento jurídico, en primer lugar- y reclamar de las instituciones públicas mayores y más exigentes estándares de conducta, evitando la perniciosa banalización del incumplimiento de las normas, como se ha venido a hacer desde el Gobierno de Aragón al incumplir los plazos estatutarios para aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

El programa de regeneración pública, al margen de las propuestas planteadas al Gobierno de la Nación desde el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, está claramente recogido en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006. Dicha Convención se halla incomprensiblemente ausente de la práctica totalidad de propuestas y proclamas que, desde los más variados ámbitos, se realizan contra la corrupción en España, por lo que esta Asociación se siente en la obligación de iniciar, a partir de hoy, una campaña constante para reclamar de las instituciones públicas españolas y europeas un desarrollo pleno de los mecanismos de prevención y sanción de la corrupción que se contienen en la citada Convención.

Hay quienes de manera injusta e interesada achacan a nuestra Constitución defectos de la vida pública que solo son imputables a quienes han ejercicio funciones públicas o responsabilidades en el sector privado sin atenerse a criterios éticos de conducta ni ajustar sus decisiones al ordenamiento jurídico, anteponiendo su ambición e intereses a los fines propios y valiosos que justifican la labor de quienes ejercen tareas de gobierno y de cualquier otra actividad profesional. Recuperar la ética profesional propia de cada colectivo –incluida la ética administrativa de los servidores públicos- y reforzar la ética pública del conjunto de la ciudadanía constituye una premisa ineludible para la efectiva regeneración de nuestra vida democrática y restablecer, con ello, la plena vigencia de nuestros valores constitucionales.

NECESIDAD DE FORMACIÓN ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Hoy se publican en el Boletín Oficial de Aragón convocatorias de sendos cursos sobre integridad y empleo público (ética administrativa), organizados por el Instituto Aragonés de Administración Pública y cuyo desarrollo tendrá lugar en las localidades de Zaragoza, Huesca y Teruel,  a partir del próximo día 20 de mayo, de forma simultánea, en lo que supone la recuperación de una iniciativa que quedó truncada en el año 2007, cuando la ética parecía un concepto incómodo para los responsables de la función pública.

Dicho curso, en el que intervienen personas pertenecientes o próximas a esta Asociación, pretende destacar el valor y la necesidad de incorporar la reflexión ética al ejercicio profesional de los servidores públicos, pues éste sólo puede mantener o recobrar su legitimidad social si las personas que trabajan en las Administraciones Públicas refuerzan de forma nítida su compromiso con el interés general y la idea de servicio público, de modo que las garantías laborales de que disfrutan, para asegurar su independencia y su imparcialidad, no se tornen privilegios injustificados e inmerecidos.

El vigor ético de los funcionarios públicos es clave para la salud de las instituciones y para la plena vigencia del Estado de Derecho, cuya realización descansa en gran medida en el quehacer diario de todos los servidores públicos. La sensibilización ética ha de permitir una capacidad mayor para actuar correctamente y para detectar y prevenir prácticas indebidas (abusos, corruptelas, fraudes) o para frenar y desincentivar la utilización impropia de las potestades públicas, evitando que se persigan con ellas fines distintos al que señala el interés general.

A nadie se le oculta que en el origen de la crisis económica, política e institucional que padece nuestro país se encuentra una grave quiebra de valores éticos y de principios democráticos. La utilización ilegítima de los recursos públicos y, sobre todo, el abuso de la confianza otorgada por los ciudadanos en que han incurrido un importante número de responsables públicos (buscando el beneficio propio en perjuicio del bienestar colectivo) ha sido un factor determinante en el origen y en la evolución de la crisis que hoy padecemos, y la sociedad parece inerme para hacer frente a las dificultades cuando se quiebra o menoscaba la confianza en las instituciones públicas.

Frente a una realidad tan problemática como la actual, y al margen de las actuaciones legítimas impulsadas por todos los colectivos de personas más directamente castigadas por los efectos de la crisis, una línea de trabajo imprescindible es la reconstrucción de la ética pública, que incumbe a todos los ciudadanos, pero que obliga muy especialmente a quienes ejercen funciones públicas, tanto en el nivel político como en el administrativo.

A dicha reconstrucción contribuyen iniciativas como el curso convocado por el Instituto Aragonés de Administración Pública, pues no es posible, y hoy menos que nunca, dar la espalda al compromiso ético, a la actuación coherente con los valores propios de la función pública, a la reflexión lúcida sobre los peligros de la corrupción –su origen, sus formas, sus consecuencias- y a las estrategias necesarias para prevenirla y combatirla, pues la virtud ciudadana y la ejemplaridad de quienes ejercen funciones públicas son el principal capital del que puede disfrutar una democracia, en cualquier circunstancia imaginable, y el rescate de dichos valores es una tarea indelegable, que nos compete a todos y cada uno de los ciudadanos, a todos y cada uno de los servidores públicos, desde el esfuerzo y el compromiso personal y desde el estímulo y la coherencia institucional.

REACTIVAR LA INDAGACIÓN ÉTICA EN EL SENO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

La situación que atraviesa nuestro país, azotado por numerosos fenómenos de corrupción que afectan casi al conjunto de las instituciones y niveles de gobierno del Estado, así como a un importante sector de la vida económica, en el que hay que incluir a una parte de las entidades financieras y a un destacado porcentaje de empresas y trabajadores que viven al margen del control oficial, incumpliendo la normativa laboral y fiscal, vulnerando con ello los principios de la ética pública, al colocarse fuera del Estado de Derecho y de la solidaridad colectiva que conlleva el cumplimiento de los deberes legales, aconsejan retomar la indagación ética, como ciudadanos, pero sobre todo, porque es el objeto principal de este blog, como servidores públicos, como personas dedicadas profesionalmente al servicio del interés general.

La preocupación ética dentro de las Administraciones Públicas tiene mucho que ver con la atonía y la desmoralización de buena parte de quienes trabajan en ellas, cuyo trabajo parece haberse desvinculado de los valores que daban sentido a la actividad administrativa que les corresponde desarrollar. Es difícil que la función de un servidor público, en una organización tan amplia y segmentada como una Administración, cobre sentido si no somos capaces de conectar cada uno de nuestros actos con los valores esenciales de nuestra actividad, como es la garantía del principio de legalidad y el funcionamiento del Estado de Derecho o la realización del interés general y la salvaguarda o realización de los derechos de los ciudadanos.

Una Administración ética es una condición necesaria para el logro de una sociedad decente, en la que los ciudadanos no se vean atropellados ni humillados por las instituciones públicas.

Una Administración ética es también un importantísimo factor de prevención de la corrupción pública, es decir, de la utilización ilegítima de las potestades o de los recursos públicos para fines ajenos al interés general.

En la crisis general que viven hoy nuestras instituciones, rescatar el sentimiento ético de los servidores públicos y hacer de éstos unos agentes comprometidos con los valores democráticos y con el respeto de la legalidad supondría, probablemente, el mejor mecanismo de prevención y corrección de la corrupción pública, tanto política como administrativa, pues ésta ha de corregirse en la fuente, en su origen, sin esperar a su denuncia y sanción en el ámbito judicial, donde aflora una mínima parte de la corrupción realmente existente.

Para avanzar en ese camino de reactivación ética de los servidores públicos, de debate, de toma de conciencia, y de posterior compromiso, se pretende reactivar este sencillo blog, vinculado a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, que en estos días celebra su VI asamblea anual, acumulando seis años de trabajo a sus espaldas, reivindicando la legalidad, la profesionalidad y la ética pública como señas de identidad de los servidores públicos dentro de una democracia constitucional.

ELOGIO DE LA RESISTENCIA.

La concesión del Premio Nobel de la Paz a un hombre preso, encarcelado, un hombre condenado a 11 años de privación de libertad por reivindicar la libertad para su país, para sus conciudadanos, por ejercer su dignidad y condición de hombre libre, es un motivo de esperanza para todas las personas y organizaciones comprometidas en el mundo con los valores de la democracia y los derechos humanos, con el respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948 por Naciones Unidas como reacción frente a la barbarie que se creyó desterrada con la victoria aliada en la II Guerra Mundial.

Desde luego, es un motivo de alegría para esta Asociación. Ilustra a la perfección aquella idea del pensador Henry D. Thoreau de que, en un país con leyes injustas, el único lugar donde puede estar un hombre justo es la cárcel. Allí está Liu Xiaobo y su condición de hombre preso por reivindicar la libertad en China es el mérito que viene a reconocerle el Premio Nobel de la Paz otorgado. Con ello recuerdan al régimen chino que sólo existe paz cuando se respetan los derechos humanos. No hay paz donde hay opresión o represión. Celebramos, por ello, el coraje mostrado por el Comité Nobel con tal concesión, al igual que la petición realizada por el Presidente Obama a las autoridades chinas para que el galardonado sea puesto en libertad.

Creemos que la vigencia de los derechos humanos en cualquier parte del planeta nos concierne, por entero, al conjunto de la humanidad. Nuestra propia dignidad se ve comprometida en la dignidad de cada uno de los restantes seres humanos y sufre con cada violación a los derechos humanos que se cometa, no importa el lugar en que suceda, no importa la ideología que se invoque para justificarla. Como ya señaló Castellio, con motivo de la muerte impuesta a Miguel Servet por Calvino - por la expresión de sus ideas-, "matar a un hombre no es defender una idea, es matar a un hombre".

La labor que lleva a cabo esta Asociación se funda, precisamente, en la convicción de la necesidad de luchar decididamente, también en las democracias, por la vigencia efectiva de los principios consitucionales y los valores democráticos, permanentemente amenazados por el abuso de poder o la corrupción pública, por el vaciamiento de los derechos de los ciudadanos. Hemos comprobado, en carne propia, que dicha labor en el seno de una democracia conlleva una indisimulada hostilidad por parte de quienes ejercen el poder. Podemos, por ello, comprender algo mejor la situación afrontada por quienes ahora y antes, en cualquier lugar del mundo, se han enfrentado a sistemas autoritarios, contrarios a las libertades, arriesgando cosas muchos más valiosas que las que puede arriesgar un funcionario que, sin estridencias, recuerda que el principio de legalidad constituye un límite a las posibles decisiones de los responsables políticos de la Administración.

Cada circunstancia impone un deber distinto en la defensa de los principios y valores de la democracia y del Estado de Derecho, pero esta Asociación quiere no olvidar que su compromiso es una deuda contraída con todos los que nos han precedido, cuyo esfuerzo y sacrificio nos permiten disfrutar de la actual libertad, y un acto solidario con todos los que, en situaciones infinitamente más difíciles que las nuestras, ejercen la denuncia contra el abuso y la arbitrariedad del poder, contra la negación de los derechos humanos, arriesgando en ello su libertad y su propia vida.

LOS DERECHOS HUMANOS, REFERENCIA Y HORIZONTE PERMANENTES.

Hoy 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, concluyen las importantes efemérides de la semana, en la que se agrupan los aniversarios de la Constitución Española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, verdaderos manifiestos éticos que acompañaron respectivamente la recuperación de la libertad y de la democracia en España y el restablecimiento de la paz y de los valores de la humanidad en el mundo, tras el final de la II Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. A ellos se añade el Día Internacional contra la Corrupción, establecido hace unos años por Naciones Unidas y celebrado ayer.

Para esta Asociación, las tres fechas guardan entre sí una estrecha relación y celebran un mismo compromiso: los valores del civismo, de la democracia, de la libertad, de la dignidad humana, en los que se condensan los mayores logros de nuestra civilización.

La amenaza que la corrupción supone para la vigencia de los derechos humanos quedó maravillosamente plasmada en el inicio de la ya mítica Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, del siguiente modo: "Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre".

Esta Asociación, en sus Estatutos, reivindica como criterio inspirador de toda su actividad el compromiso con los principios constitucionales y su finalidad básica es la defensa de los valores de la función pública, para contribuir al mejor funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico.

Derechos humanos, derechos fundamentales y ética pública son, a nuestro juicio, una misma cosa, pues la ética por la que se rige la vida social no puede ser otra que la fundada en el respeto de los derechos fundamentales, siendo éstos los derechos humanos reconocidos por la Constitución e incorporados, por ello, como elemento central y superior del ordenamiento jurídico del Estado. Sólo si los poderes públicos hacen de la realización de los derechos fundamentales de los ciudadanos su tarea prioritaria será posible la existencia de una sociedad decente, en la que todos puedan considerarse ciudadanos libres y respetados.

La Administración y los servidores públicos que le dan vida cada día han de contribuir al aseguramiento del Estado de Derecho, entendiendo por éste la forma institucional que adopta la organización política de una sociedad para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos y asegurar la libertad y la seguridad de todos. Esa labor de los servidores públicos sólo puede estar presidida por los principios de una ética coherente con el ordenamiento constitucional, capaz de garantizar la confianza de todos los ciudadanos en sus instituciones y el respeto general a las leyes, en cuanto expresión de la voluntad general y fórmula de autogobierno.

Por eso, los derechos humanos y los derechos fundamentales han de ser referencia y horizonte permanentes, pues su ignorancia, olvido o menosprecio -como ya se nos advirtió en 1789- es la única causa de la corrupción de los gobiernos. Quien lucha por los derechos humanos está combatiendo el riesgo de la corrupción pública, y quien se enfrenta a la corrupción contribuye al afianzamiento de los derechos.

Como ha dicho en ocasiones esta Asociación, combatir la corrupción pública es defender la función pública y defender la función pública es asegurar el ordenamiento constitucional, la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Nos sentimos por ello solidarios con todos los que hacen de la lucha por los derechos humanos su causa y a ellos dirigimos hoy nuestro pensamiento.