UNA REGENERACIÓN PENDIENTE.

La dirección de una parte de nuestras instituciones públicas ha estado, y acaso lo siga estando en más casos de los que creemos, en manos de personas que carecen de las cualidades de integridad requeridas para el gobierno de los asuntos públicos, personas que no han sabido o han carecido de voluntad para preservar el interés general o evitar que intereses privados vinieran a condicionar decisiones y comportamientos públicos.

La corrupción –entendida como utilización de las funciones públicas, tanto políticas como administrativas, a favor de intereses privados- ha supuesto una gravísima deficiencia de nuestro país, que ha alcanzado a las más altas instituciones del Estado, como pueden ser la Familia Real o el Consejo General del Poder Judicial, y a todo tipo de instituciones, incluidas las organizaciones empresariales y sindicales, y que se ha extendido por las esfera pública y privada, con casos de enriquecimiento ilícito y de abusos en la práctica totalidad de los sectores sociales.

La corrupción preocupa a los ciudadanos –desmoraliza a la sociedad- y deslegitima a las instituciones públicas, al quebrar la imprescindible relación de confianza que, en una democracia, ha de sustentar a los diferentes poderes públicos que intervienen en la ordenación de la vida social, asumiendo la función de promover y preservar el interés general de la sociedad.

Los últimos informes hechos públicos por la organización Transparencia Internacional ponen de manifiesto el grave retroceso de nuestro país en esta materia –la corrupción ha sido una circunstancia agravante de nuestra crisis económica y un principal desencadenante de la crisis política e institucional que padecemos-, y los ciudadanos no vemos una voluntad clara de nuestros representantes políticos para regenerar nuestra vida pública. Esta viene produciéndose exclusivamente a golpe de sentencia judicial, dejando así en manos de los jueces la eliminación de los políticos o gestores corruptos.

El Día Internacional contra la Corrupción que se celebró el 9 de diciembre, por decisión de Naciones Unidas, para conmemorar la aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en 2003, nos debería servir para asumir, como ciudadanos de una democracia, un compromiso inequívoco con los valores éticos propios de nuestro sistema constitucional –el respeto del ordenamiento jurídico, en primer lugar- y reclamar de las instituciones públicas mayores y más exigentes estándares de conducta, evitando la perniciosa banalización del incumplimiento de las normas, como se ha venido a hacer desde el Gobierno de Aragón al incumplir los plazos estatutarios para aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

El programa de regeneración pública, al margen de las propuestas planteadas al Gobierno de la Nación desde el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, está claramente recogido en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006. Dicha Convención se halla incomprensiblemente ausente de la práctica totalidad de propuestas y proclamas que, desde los más variados ámbitos, se realizan contra la corrupción en España, por lo que esta Asociación se siente en la obligación de iniciar, a partir de hoy, una campaña constante para reclamar de las instituciones públicas españolas y europeas un desarrollo pleno de los mecanismos de prevención y sanción de la corrupción que se contienen en la citada Convención.

Hay quienes de manera injusta e interesada achacan a nuestra Constitución defectos de la vida pública que solo son imputables a quienes han ejercicio funciones públicas o responsabilidades en el sector privado sin atenerse a criterios éticos de conducta ni ajustar sus decisiones al ordenamiento jurídico, anteponiendo su ambición e intereses a los fines propios y valiosos que justifican la labor de quienes ejercen tareas de gobierno y de cualquier otra actividad profesional. Recuperar la ética profesional propia de cada colectivo –incluida la ética administrativa de los servidores públicos- y reforzar la ética pública del conjunto de la ciudadanía constituye una premisa ineludible para la efectiva regeneración de nuestra vida democrática y restablecer, con ello, la plena vigencia de nuestros valores constitucionales.

NECESIDAD DE FORMACIÓN ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Hoy se publican en el Boletín Oficial de Aragón convocatorias de sendos cursos sobre integridad y empleo público (ética administrativa), organizados por el Instituto Aragonés de Administración Pública y cuyo desarrollo tendrá lugar en las localidades de Zaragoza, Huesca y Teruel,  a partir del próximo día 20 de mayo, de forma simultánea, en lo que supone la recuperación de una iniciativa que quedó truncada en el año 2007, cuando la ética parecía un concepto incómodo para los responsables de la función pública.

Dicho curso, en el que intervienen personas pertenecientes o próximas a esta Asociación, pretende destacar el valor y la necesidad de incorporar la reflexión ética al ejercicio profesional de los servidores públicos, pues éste sólo puede mantener o recobrar su legitimidad social si las personas que trabajan en las Administraciones Públicas refuerzan de forma nítida su compromiso con el interés general y la idea de servicio público, de modo que las garantías laborales de que disfrutan, para asegurar su independencia y su imparcialidad, no se tornen privilegios injustificados e inmerecidos.

El vigor ético de los funcionarios públicos es clave para la salud de las instituciones y para la plena vigencia del Estado de Derecho, cuya realización descansa en gran medida en el quehacer diario de todos los servidores públicos. La sensibilización ética ha de permitir una capacidad mayor para actuar correctamente y para detectar y prevenir prácticas indebidas (abusos, corruptelas, fraudes) o para frenar y desincentivar la utilización impropia de las potestades públicas, evitando que se persigan con ellas fines distintos al que señala el interés general.

A nadie se le oculta que en el origen de la crisis económica, política e institucional que padece nuestro país se encuentra una grave quiebra de valores éticos y de principios democráticos. La utilización ilegítima de los recursos públicos y, sobre todo, el abuso de la confianza otorgada por los ciudadanos en que han incurrido un importante número de responsables públicos (buscando el beneficio propio en perjuicio del bienestar colectivo) ha sido un factor determinante en el origen y en la evolución de la crisis que hoy padecemos, y la sociedad parece inerme para hacer frente a las dificultades cuando se quiebra o menoscaba la confianza en las instituciones públicas.

Frente a una realidad tan problemática como la actual, y al margen de las actuaciones legítimas impulsadas por todos los colectivos de personas más directamente castigadas por los efectos de la crisis, una línea de trabajo imprescindible es la reconstrucción de la ética pública, que incumbe a todos los ciudadanos, pero que obliga muy especialmente a quienes ejercen funciones públicas, tanto en el nivel político como en el administrativo.

A dicha reconstrucción contribuyen iniciativas como el curso convocado por el Instituto Aragonés de Administración Pública, pues no es posible, y hoy menos que nunca, dar la espalda al compromiso ético, a la actuación coherente con los valores propios de la función pública, a la reflexión lúcida sobre los peligros de la corrupción –su origen, sus formas, sus consecuencias- y a las estrategias necesarias para prevenirla y combatirla, pues la virtud ciudadana y la ejemplaridad de quienes ejercen funciones públicas son el principal capital del que puede disfrutar una democracia, en cualquier circunstancia imaginable, y el rescate de dichos valores es una tarea indelegable, que nos compete a todos y cada uno de los ciudadanos, a todos y cada uno de los servidores públicos, desde el esfuerzo y el compromiso personal y desde el estímulo y la coherencia institucional.

REACTIVAR LA INDAGACIÓN ÉTICA EN EL SENO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

La situación que atraviesa nuestro país, azotado por numerosos fenómenos de corrupción que afectan casi al conjunto de las instituciones y niveles de gobierno del Estado, así como a un importante sector de la vida económica, en el que hay que incluir a una parte de las entidades financieras y a un destacado porcentaje de empresas y trabajadores que viven al margen del control oficial, incumpliendo la normativa laboral y fiscal, vulnerando con ello los principios de la ética pública, al colocarse fuera del Estado de Derecho y de la solidaridad colectiva que conlleva el cumplimiento de los deberes legales, aconsejan retomar la indagación ética, como ciudadanos, pero sobre todo, porque es el objeto principal de este blog, como servidores públicos, como personas dedicadas profesionalmente al servicio del interés general.

La preocupación ética dentro de las Administraciones Públicas tiene mucho que ver con la atonía y la desmoralización de buena parte de quienes trabajan en ellas, cuyo trabajo parece haberse desvinculado de los valores que daban sentido a la actividad administrativa que les corresponde desarrollar. Es difícil que la función de un servidor público, en una organización tan amplia y segmentada como una Administración, cobre sentido si no somos capaces de conectar cada uno de nuestros actos con los valores esenciales de nuestra actividad, como es la garantía del principio de legalidad y el funcionamiento del Estado de Derecho o la realización del interés general y la salvaguarda o realización de los derechos de los ciudadanos.

Una Administración ética es una condición necesaria para el logro de una sociedad decente, en la que los ciudadanos no se vean atropellados ni humillados por las instituciones públicas.

Una Administración ética es también un importantísimo factor de prevención de la corrupción pública, es decir, de la utilización ilegítima de las potestades o de los recursos públicos para fines ajenos al interés general.

En la crisis general que viven hoy nuestras instituciones, rescatar el sentimiento ético de los servidores públicos y hacer de éstos unos agentes comprometidos con los valores democráticos y con el respeto de la legalidad supondría, probablemente, el mejor mecanismo de prevención y corrección de la corrupción pública, tanto política como administrativa, pues ésta ha de corregirse en la fuente, en su origen, sin esperar a su denuncia y sanción en el ámbito judicial, donde aflora una mínima parte de la corrupción realmente existente.

Para avanzar en ese camino de reactivación ética de los servidores públicos, de debate, de toma de conciencia, y de posterior compromiso, se pretende reactivar este sencillo blog, vinculado a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, que en estos días celebra su VI asamblea anual, acumulando seis años de trabajo a sus espaldas, reivindicando la legalidad, la profesionalidad y la ética pública como señas de identidad de los servidores públicos dentro de una democracia constitucional.